En su trabajo, todos los empresarios necesitan de una activa participación del Gobierno, como facilitador de su actividad y de manera especial abriendo mercados para la producción nacional.

¿Qué hace la empresa privada boliviana? Esa podría ser la pregunta que se formulan algunos bolivianos cuando se habla del empresariado privado nacional y su participación en el quehacer económico nacional.

La respuesta es simple: la empresa privada se dedica a producir a lo ancho y largo del territorio nacional. La integran los grupos de la gran empresa privada, la mediana y la pequeña, trabajando donde pueden y como pueden para aportar, a su modo, al crecimiento del país. Los empresarios son los que pagan impuestos, dan empleo digno y producen más del 80% del Producto Interno Bruto. Son los que apuestan por el país, arriesgan su patrimonio y su familia por el desarrollo de Bolivia.

Tenemos el ejemplo de la quinua y las mañaneras donde encontramos limitaciones: por un lado, los productores de quinua, para quienes su sueño se transformó en pesadilla; por otro, las “mañaneras” y dirigentes de las pymes que reclaman por la desleal competencia de la ropa usada de contrabando.

Como señala Gary Rodríguez, gerente del IBCE, de la época dorada que vivió la quinua boliviana hace unos años, ahora se ha pasado a las cifras rojas: “Es doloroso decirlo, pero hay un cambio dramático” que supone una transición “de un sueño a una pesadilla”.

Más de 70.000 productores de quinua en el país sufren los efectos del desplome de los precios y volúmenes de exportaciones de este grano, que hace poco tenía a Bolivia como uno de sus mayores exportadores, debido, entre otras causas, a la aparición de nuevos países exportadores, elevando su oferta en el mundo.

Las exportaciones de quinua del año pasado sumaron 61,7 millones de dólares, cuando 2014 fue el mejor año para estas ventas llegaba a 196,6 millones de dólares, mostrando una baja de 134 millones de dólares.

Gracias a la campaña promovida por el país, las Naciones Unidas declaró 2013 como el Año Internacional de la Quinua.

Eduardo Paye, subgerente de Anapqui (Asociación Nacional de Productores de Quinua), que exporta a Europa, Estados Unidos, Canadá y China, explicó que la que producen es “la mejor quinua del mundo porque se produce en una zona altamente natural, que está bendecida por los salares, producida a una altitud superior a los 3.600 metros sobre el nivel del mar”, pero los compradores no reconocen LA MARCA DE LA QUINUA REAL ORGÁNICA, que demanda esfuerzos y costos adicionales a los campesinos bolivianos para ofrecer un producto con la menor mecanización posible, “con cero pesticidas y cero agroquímicos”.

Para recuperar el liderazgo nacional en el mercado mundial de la quinua, urge obtener la denominación de origen, para diferenciar la quinua real orgánica producida entre los salares Coipasa-Uyuni, que se discute por casi 20 años.

La internación al país de grandes volúmenes de ropa usada, la mayoría por la vía del contrabando, está provocando problemas de supervivencia en sectores de la microempresa nacional.

Como informaron los periódicos, la primera semana de este mes las vendedoras de ropa en las calles Tumusla e Illampu, más conocidas como “las mañaneras”, junto a pequeños microempresarios confeccionadores de ropa en La Paz y El Alto, pidieron al Gobierno mayores controles y defensa de la producción nacional. En el país tenemos más de 3.000 millones de dólares de contrabando que llegan a un aproximado del 8% del PIB y afectan a los empresarios legales que pagan impuestos.

Estos dos casos muestran que los empresarios necesitan que el Gobierno, como parte de sus funciones, adopte determinaciones para que la empresa privada tenga seguridad jurídica, competencia leal y fácil acceso a los mercados nacionales e internacionales. Así habrá más inversión, más empleo digno para los bolivianos.

Para recuperar
el liderazgo nacional en el mercado mundial de la quinua, urge obtener la denominación de origen

Rolando Kempff Bacigalupo es economista, doctorado ph.d. en relaciones internacionales

En la edición del 22 de junio recién pasado de El Deber, Ronald Nostas Ardaya, industrial y ex presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, planteó la necesidad de impulsar un cambio de la política tributaria. El autor señala, como más notable evidencia de tal necesidad, la concentración de las recaudaciones en dos tipos de personas jurídicas (sociedades y empresas unipersonales) y en tres impuestos.

Con datos extraídos de la Memoria Anual 2021 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Nostas apunta que las personas jurídicas constituyen el 98% del Padrón de contribuyentes (que en la gestión 2021 registró menos de 450.000 entradas) y que los impuestos al Valor Agregado (IVA) a las Transacciones (IT) y a las Utilidades de las Empresas (IUE), dieron cuenta del 81% del total de las recaudaciones correspondientes al mercado interno.

En lo que sigue, aporto algunas ideas para el debate, no sin antes hacer un par de precisiones. La primera, es que las sociedades y empresas unipersonales, pagan impuestos en calidad de contribuyentes directos, pero también como agentes de percepción o de retención. Concretamente, perciben en favor del fisco, el IVA incluido en sus facturas por ventas, y retienen el IT y el IUE a personas físicas que, sin estar inscritas en el Padrón, les proveen bienes y servicios, y empozan estos impuestos por cuenta de ellas. La retención también se aplica a los trabajadores dependientes sujetos al Régimen Complementario al IVA o RC-IVA. Ello, junto con la informalidad, explica en gran medida la baja cantidad de contribuyentes inscritos en el Padrón.

Por el lado de las recaudaciones, ciertamente el IVA, el IUE y el IT, recaudan el 81% de los impuestos que corresponden al mercado interno; sin embargo, dentro de este porcentaje, el 55% corresponde al IVA y al IT, impuestos que se incluyen en el precio facturado, mientras que el IUE, que sí afecta directamente las utilidades de las empresas, da cuenta del restante 26%; lo cual muestra que el mayor peso de la carga tributaria cae en los consumidores. Esta concentración no es extraña, pues la imposición normalmente descansa en los gravámenes al consumo y a las ganancias, pero, en Bolivia, el peso de los impuestos indirectos (IVA e IT) está muy por encima del promedio general, lo cual acentúa la regresividad de nuestro sistema.

De lo dicho arriba, surge que los más acuciantes problemas que enfrenta el sistema tributario boliviano, tienen que ver, por un lado, con la falta de una norma que otorgue la cualidad de contribuyentes directos y efectivos, a las personas físicas. Y, por otro, con la informalidad en la que opera un gran número, sobre todo, de microempresas. Lo primero, se puede resolver estableciendo un impuesto general a las utilidades que incluya a las personas físicas, diseñado de tal modo que toda persona que perciba una suma -dicha a título ilustrativo- de Bs 6.500, deba pagar el impuesto a una tasa que podría establecerse en 3%, como valor mínimo de una escala ascendente que grave, de manera proporcional, los ingresos superiores a esa suma. Un esquema como éste, supone la eliminación del RC-IVA, que actualmente facilita que, cualquiera sea el nivel de remuneración, el impuesto a pagar se compense con facturas, beneficio del que gozan todos los trabajadores en relación de dependencia y que, con una porfía similar a la de los cangrejos, próximamente se aplicaría también a los profesionales independientes.

Vista únicamente desde la perspectiva tributaria, la informalidad, que es el segundo problema más grave, impide el funcionamiento del esquema de débitos y créditos que asegura la neutralidad del IVA, pues los productores informales lo son, tanto para adquirir insumos, como para vender sus productos. Considerando esta realidad, la solución del problema pasa por la adopción de un tratamiento especial, solamente en cuanto al IVA, que sería aplicado sobre el “valor agregado” que generen estos productores, eliminando para ellos, el derecho a computar créditos por sus compras; en otras palabras, un IVA significativamente inferior a la tasa general de 13% y sin derecho a crédito fiscal para los vendedores, pero computable para los

compradores.

Estas modificaciones, además de la eliminación de los regímenes especiales (Tributario Simplificado e Integrado y Agrario Unificado) y del IT, junto con la disminución de la tasa del impuesto para las sociedades a un 20%, que también sería la tasa máxima aplicable para las personas naturales, permitirían incorporar al régimen general, a un conjunto de actores económicos que actualmente no contribuyen o lo hacen en montos insignificantes, ya sea por los mecanismos de compensación existentes, por estar en la informalidad o acogidos a alguno de los regímenes especiales existentes. Con ello, el sistema también ganaría en equidad y simplicidad ¡Que siga el debate!

ROSA TALAVERA es economista

La ciudad de La Paz, conforme el censo de 1900, tenía 60.000 habitantes. Pero a fines de abril de 1920, contaba con 78.856 habitantes, según el censo de 1909. Se dijo entonces que, por la inmigración creciente y considerable, el aumento vegetativo se podía calcular en más de 100.000 habitantes. Ello tomando en cuenta, básicamente, el radio urbano, fijado por la Municipalidad de 1918.

Asthenio Averanga Mollinedo, en su libro “Aspectos Generales de la Población Boliviana” (1956), sostiene que la capital del Illimani registraba una población de 115.440 habitantes, en 1920. He ahí la diferencia que se advierte, y que no es abismal, entre aquélla y esta apreciación numérica.

Así ha crecido la ciudad de La Paz. Desde la humilde choza, hasta edificios de 150 metros de altura. La cifra estimativa de su población ahora sobrepasará, posiblemente, el millón. El censo venidero dirá su última versión.

La actividad minera, en esta región andina, se inició a partir de 1895, aproximadamente. En consecuencia: La Paz contribuyó al engrandecimiento nacional, con los impuestos que generaba ese rubro. Algunas de sus empresas que explotaron el estaño, en particular, y que lograron prestigio nacional e internacional, a principios del 900 del siglo pasado, son: Huayna Potosí, Milluni, Kala Uyu, San José, La Concordia, Encarnación, The La Paz Mining C°. Limited, International Mining Company, El Carmen, Ayllaku, Kaluyo, Providencia, San Francisco, Concepción, Araca, Esmeralda, San Andrés, Mercedes, Monte Blanco, Mallachuma, La Lealtad, Colquiri, La Cordillera, Gaviota, Huallata, Santa Rosa, Mukden, La Bastilla, Japa Jopo y tantas otras más. He ahí el aporte paceño al progreso del país. Es indiscutible. La Paz no solo ha coadyuvado con la sangre de sus hijos, sino económicamente, como se ha visto, al anhelado progreso nacional, en el proceso republicano inaugurado en 1825. Y todavía lo hace, en el marco de sus posibilidades, en el Estado Plurinacional.

Nos gusta llamarla nuestra querida “Hoyada”, la “Ciudad Maravilla”. Porque aquí nacimos, crecimos y estamos con un pie en el estribo, para emprender el viaje, sin retorno. No es regionalismo, en absoluto, sino el amor y cariño que tenemos, a la tierra que nos vio nacer, nos cobijó y nos tolera aún. Por ahí alguien, como nunca falta, nos dirá, “los kollas”. Eso es lo de menos. Lo importante es que somos parte de la gran familia boliviana. En ese contexto siempre hemos alentado la unidad, con base en la integración oriente – occidente.

Acá se ha escrito la mayor parte de la historia del país, porque siempre ha sido el epicentro de la política. La Capital que marcaba y todavía marca el rumbo del destino nacional. El Palacio Quemado es el mudo testigo de la tragedia política. Un antiguo edificio salpicado con la sangre de sus principales servidores públicos. Sus calles vieron caer a muchos paceños, bajo la metralla de quienes se creían dueños de Bolivia. Ha resistido, en el pasado inmediato, a las hordas que pretendieron incendiarla. Ha visto, asimismo, la huida de algunos gobernantes.

En suma: trabajaremos por La Paz, mientras tengamos fuerza…

El primer trimestre de 2022 las exportaciones nacionales alcanzaron a 3.037 millones de dólares, lo que representa algo más del 30% de las ventas externas de similar período del 2021, cuando se alcanzó a 2.264 millones de dólares.

Sin embargo, es necesario aclarar que este aumento en valor fue fruto del incremento de los precios en el mercado internacional y no así de mayores volúmenes comercializados. La información estadística del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) muestra que en este periodo el volumen bajó en 15% y el valor se incrementó en 28%.

No es exagerado afirmar que el efecto de la invasión de Rusia a Ucrania incidió en el alza de los precios que, en algunos casos, puede ser positivo para el país, lo que a su vez derivó en una balanza comercial positiva.

En el caso de las exportaciones de productos no tradicionales, el valor alcanzado en el primer trimestre del 2022 en comparación con el 2021, fue superior en 200 millones de dólares, pasando de 545 millones de dólares a 773 millones, superior en algo más del 30%. En estas exportaciones se tuvo incrementos tanto en valor como en volumen, impulsadas por la demanda internacional de los productos oleaginosos y sus derivados; las maderas y sus manufacturas, lo que muestra que la demanda externa es la que permitió alcanzar el superávit comercial.

Esta realidad, incontrastable, debe motivar al gobierno a reorientar el trato que otorga al sector exportador, facilitando su trabajo, suprimiendo limitaciones, abriendo mercados y mejorando la logística necesaria, para llegar a los mercados externos no solo oportunamente, sino también con precios competitivos.

El sector exportador es uno de los que más rápidamente se recupera de la pandemia de la Covid-19. Y el país aprovecharía mejor los precios internacionales altos, si tendría más reservas de gas para la exportación.

En el comercio internacional de 2021, los países con los que tuvimos superávit comercial fueron India, Japón, Colombia, Emiratos Árabes Unidos y Corea del Sur. Mientras, las relaciones deficitarias las mantuvimos con China, Brasil, Argentina, Perú y Estados Unidos.

Por productos exportados, las variaciones positivas se debieron a las ventas de la Industria Manufacturera, Extracción de Minerales, Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca, Caza e Hidrocarburos.

Un reciente informe del IBCE señala que, entre enero y marzo de este año, las exportaciones e importaciones registraron un crecimiento del 31%. En términos absolutos, en comparación con similar período del 2021, las exportaciones aumentaron 725 millones de dólares, mientras que las importaciones lo hicieron en 610 millones. El saldo comercial fue un superávit de 468 millones de dólares, un 33% mayor que lo registrado en el primer trimestre de la pasada gestión.

Ante la subida de los precios internacionales de alimentos, una de las primeras reacciones del Gobierno fue prohibir la exportación de maíz y sorgo, y la posibilidad de restringir las ventas del azúcar dependerá del abastecimiento del mercado interno. Marcelo Olguín, Gerente General de los Exportadores, dijo que la medida no sería la adecuada.

Por la vía de las prohibiciones el gobierno va en contra ruta. La medida afectará a quienes traen divisas, en este caso a los exportadores.

El sector productivo insiste en su pedido al Gobierno, de aprovechar la subida de precios para elevar las exportaciones, pero el Gobierno dispuso obtener los certificados de abastecimiento, medida que está afectando a los productores de alimentos.

Estas actitudes, sumadas al contrabando de alimentos, hacen que el país no haya llegado a la seguridad alimentaria, necesaria para garantizar la provisión de alimentos para todo el país.

Las garantías que el Gobierno dé al sector privado, para seguir trabajando sin restricciones, en la actividad agropecuaria, se traducirán en seguridad alimentaria y más divisas, ambas muy necesarias para el país y su economía.

El autor es Economista, licenciado en la UMSA, doctorado Ph.D. en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador de Argentina y Académico de Número de la ABCE.

Bolivia, más allá de la ideología y los afectos o desapegos políticos que puedan existir a nivel de gobiernos, debe ser cuidadosa en cuanto a sus relaciones diplomáticas y comerciales con todos los países, ya que del buen relacionamiento diplomático que exista pueden surgir virtuosas complementariedades y cooperación en el campo económico, de inversión, tecnología, cultura, etc. -sin olvidar la enorme cantidad de ciudadanos bolivianos que hay en todo el mundo- de ahí que mantener las mejores relaciones con todas las naciones, es algo saludable. 

Paraguay y Bolivia forman parte del llamado “Acuerdo de Libre Comercio Bolivia-Mercosur”, forjado a través del Acuerdo de Complementación Económica No. 36 (AAP.CE 36) suscrito a fines de 1996 y puesto en vigencia en febrero de 1997, habiéndose perfeccionado el programa de liberalización del comercio hasta fines del 2013, por lo cual, desde la gestión 2014 todos los productos que Bolivia exporte al mercado paraguayo pueden ingresar sin pagar aranceles y, de igual manera, los empresarios paraguayos pueden entrar libremente con sus productos a nuestro país, al amparo de la zona de libre comercio con el bloque mercosuriano.

Lamentablemente, hay que decirlo, el mencionado Acuerdo, al igual que con los restantes países con quienes firmamos el mismo -Argentina, Brasil y Uruguay- no ha redituado los beneficios esperados para nuestro país, porque el comercio bilateral con Paraguay se ha tornado estructuralmente deficitario, con un nivel de exportaciones que en el mejor de los casos bordeó los 60 millones de dólares (con una fuerte presencia del GLP), mientras que desde dicho país hemos llegado a importar por encima de los 90 millones, una razón más para mantener las relaciones bilaterales expeditas a fin de intentar promover mayores exportaciones al mercado paraguayo a fin de equilibrar la deficitaria balanza bilateral, en función de lo cual, contar con operadores diplomáticos y comerciales capacitados, resulta imprescindible.

Bolivia exporta poco más de 150 productos al Paraguay cada año, siendo los 10 más destacados: GLP, maíz amarillo, cemento, acumuladores eléctricos, preparaciones tensoactivas, cueros, madera aserrada, papel higiénico, productos veterinarios y bolsas de polipropileno. Del Paraguay compramos más de 300 productos, principalmente: medicamentos para uso humano, insumos agrícolas, tapas de metal, botellas de plástico, semillas de chía, fécula de mandioca, conductores eléctricos, antibióticos, quesos y preparaciones tensoactivas.

Paraguay, pese a no ser un país de gran extensión territorial -con poco más de 400.000 km2- le saca una enorme ventaja a Bolivia, ya que nuestro país con 1.098.581 km2 debería mostrar mejores resultados. ¿Sabía Ud. que el PIB del Paraguay, generado por 7,3 millones de ciudadanos paraguayos es casi igual que el producido por 11,7 millones de bolivianos?

De otra parte, el volumen de producción de la soya paraguaya es tres veces mayor que la boliviana (gracias a la biotecnología) mientras que en lo que respecta al cultivo del maíz, ellos producen casi cinco veces más que nosotros (gracias a la biotecnología). En el primer caso, nos sacan un 50% de ventaja en rendimiento, y en el segundo, su productividad resulta ser el doble, por tanto, en ambos casos son mucho más competitivos que nosotros.

Si bien en cuanto a exportaciones estamos casi iguales, el 75% de las ventas bolivianas son extractivas y no renovables (minerales y gas), mientras que las de Paraguay son, más bien, renovables y diversas implicando una menor vulnerabilidad externa, apuntaladas por la soya con más de 4.000 millones de dólares en 2021, mientras que Bolivia logró la tercera parte de ese monto; y, si comparamos nuestro nuevo orgullo y producto estrella de exportación -la carne bovina, que en 2021 alcanzó un récord por 98 millones de dólares- Paraguay exportó casi 1.500 millones de dólares solamente en carne, el año pasado.

Gary Antonio Rodríguez Álvarez Economista y pastor.

La semana pasada fuimos convocados por la Cámara Nacional de Industrias a la Cumbre para la Reactivación Económica y Productiva, a la que asistieron más de 500 personas que representaron cerca de 100 asociaciones de productores, 20 Cámaras de los sectores industrial, comercio, servicios, agropecuario, minería, energía, etc. Por parte del gobierno asistió el Ministro de Justicia Iván Lima y el Viceministro de Lucha contra el Contrabando, y por parte del Municipio paceño, nos honró la presencia del Alcalde Iván Arias, demostrando la importancia del desarrollo económico en su gestión edil.

Uno de los temas más recurrentes analizados en las mesas de trabajo y la plenaria fue el del contrabando, cuyos efectos nocivos hacen mella en todos los sectores formales de la economía, no solo por el desplazamiento de la oferta nacional que repercute en pérdida de empleos, sino, porque en muchos casos ha provocado el cierre de pequeñas y medianas empresas, como lo expresaba el presidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia (Conamype). Otro de los sectores afectados por el ingreso ilegal de mercancías es el agropecuario, debido al contrabando de alimentos básicos y procesados que van desde la papa hasta los alimentos en conservas, muchos de los cuales tienen origen transgénico, como el caso del maíz, trigo y harina que ingresan desde Argentina y Brasil a precios irrisorios producto de las devaluaciones en estos países, pagados con un dólar subvaluado en Bolivia.

Respecto al contrabando, se concluyó que la interdicción por sí sola no resolverá el problema, se requiere de un plan estratégico de varios frentes. El primero de ellos es la facilitación del comercio formal, la eliminación de las restricciones a la importación y los altos aranceles a los bienes no producidos como el caso de los vehículos considerados bienes de capital o los insumos industriales y agropecuarios; implementar acuerdos de cooperación aduana-aduana y aduana-empresa para controlar el ingreso de mercancía desde los puertos y zonas francas extranjeras desde donde se expide el contrabando hacia Bolivia; se debe endurecer la normativa aduanera respecto a la cuantía para la tipificación del contrabando como delito penal, bajando de 200.000 UFV al menos a 50.000 UFV el monto de los tributos omitidos, tomando la previsión de demarcar claramente la línea entre una omisión normativa y la intencionalidad o dolo en la defraudación al fisco.

Otro de los importantes temas abordados que marcó la Cumbre fue el de la política laboral, el empleo y el salario. Claramente todos los sectores productivos marcaron como el talón de Aquiles de la reactivación una política laboral obsoleta con una Ley General del Trabajo de 1942, que lejos de proteger al trabajador promueve la informalidad en su contratación y más bien atenta contra el empleo formal, siendo el resultado que más del 80% del empleo en Bolivia lo absorbe la economía clandestina o el trabajo por cuenta propia, es decir un empleo sin seguridad social y sin ningún tipo de previsión. Respecto al salario mínimo que representa 300 $us por mes aplicable solo al 20% de la población laboral dentro de la economía formal, donde el 70% es absorbida por el sector privado, contrasta con los menos de 1,9 $us diarios con los que vive cerca del 12% de la población en extrema pobreza y los 5 $us diarios con los que vive poco más del 36% de la población en pobreza moderada. El problema que se plantea es como generamos más riqueza y menos pobreza, la respuesta es seguridad para invertir y producir, fomentando formalidad y facilitando comercio.

Para agregar ingredientes a la receta económica analizada y discutida en la Cumbre, si se la podría llamar como tal, las políticas fiscal y tributaria, fueron de las que más ácidas críticas recibieron. En el primer caso, se trata de una política dispendiosa en el gasto público, muy restringida en la inversión y creciente endeudamiento, en algunos casos una cuestionada localización del capital en sectores productivos o empresas que compiten con el sector privado y que a la larga se convierten en bolsones de gastos, perdidas y en muchos casos fuente de enriquecimiento ilícito de los más amigos del poder.

En el caso de la política tributaria, si bien tenemos una presión fiscal moderada, el problema radica en que esta se ejercita sobre aproximadamente el 30% de las unidades productivas que hacen parte del sector formal, lo que origina un hostigamiento y persecución fiscal para encontrar mayor recaudación a través de multas, sanciones e intereses de quienes ya contribuyen al fisco. Se ha planteado promover la formalidad tributaria a través de mecanismos como la lotería de facturas, los descuentos al cumplimiento oportuno o anticipado del pago de tributos y por el otro lado, incrementar la población de contribuyentes con una adecuada fiscalización de los regímenes tributarios de excepción como el simplificado, el régimen unificado y el agropecuario, entre ellos el de la hoja de coca, que en la práctica no tributan absolutamente nada en comparación al valor de su producción y sus ingresos.

Antonio Rocha es presidente del CNDA/Administrador de empresas

Las crisis de salud, social y económica que vive el país generaron en estos momentos tres grandes desafíos para el empresariado nacional. En primer lugar está la necesidad de recuperar la liquidez en los negocios para cumplir con todas las obligaciones que quedaron pendientes, especialmente por las restricciones impuestas por el COVID- 19, y así reactivar la inversión privada en el país.

El segundo desafío es enfrentar un entorno altamente cambiante, como nunca se había presentado, que le demanda mayor agilidad en la reacción, definición de objetivos claros y grandes esfuerzos para la innovación.

Y el tercer reto para gestionar la complejidad del momento, tal vez más importante que los anteriores, es que las empresas deberán asumir el reto de evolucionar junto a los clientes. Aquí, debe tener la capacidad de explorar y explotar mercados, de equilibrar presente y futuro para tener mayor posibilidad de sobrevivir en un entorno altamente complejo y competitivo.

Debemos recordar que el espíritu empresarial es el reflejo de la capacidad de las personas para vencer los obstáculos y encontrar oportunidades en medio de las dificultades.

La inversión privada siempre se abre paso para generar oportunidades de negocio y creación de empleo. Si bien la coyuntura no es la ideal para la inversión privada, más pronto que tarde surgirán emprendimientos disruptivos y se reactivarán rubros que con seguridad relanzarán la dinámica empresarial del país.

Uno de los mayores problemas que enfrenta la empresa privada nacional es la informalidad. Queda claro que este fenómeno lamentablemente se ha convertido en un rasgo que identifica una sociedad acostumbrada a que el cumplimiento de la norma resulta ser la excepción. Mientras ser informal resulte rentable, será difícil que el 80% de la economía nacional migre hacia la formalidad.

Es cierto que la informalidad en el país, además de ser causa de problemas para el sector formal —que no tiene muchas posibilidades de competir—, es también una consecuencia de las trabas burocráticas para cumplir con la maraña de trámites y papeleos, prerrequisitos para ser formal.

La Bolivia pospandemia no será la misma. Debemos convertir esta crisis en la oportunidad para hacer cambios que no solo permitan a las empresas superar sus problemas. También debemos cambiar actitudes y prácticas del pasado.

En esta línea, planteamos la necesidad de considerar el talento de las personas como el puntal del desarrollo. Si como país somos capaces de impulsar el desarrollo de sectores creativos, seremos capaces de cambiar el destino de las regiones. La economía naranja o economía de la creatividad debe ser el pilar que catapulte a Bolivia con el desarrollo de servicios tecnológicos, gastronómicos, culturales o turísticos.

Las regiones que más crecerán en el futuro serán aquellas que sean capaces de atraer el mejor talento para crear servicios en el marco de la Economía 4.0, que ya está presente en el mundo de los negocios.

Será muy importante generar una plataforma de articulación público-privada en los diferentes niveles de administración del Estado (nacional, departamental y municipal), que sea el motor para el análisis y la toma de decisiones para el diseño e implementación de políticas públicas y privadas que coadyuven con el desarrollo regional a partir de las capacidades y potencialidades sectoriales en cada región del país.

En la Cámara Nacional de Comercio tenemos la convicción de que las alianzas público- privadas tienen el potencial de canalizar los esfuerzos conjuntos que combinan las capacidades de ambos sectores, para generar sinergias positivas en beneficio de la sociedad boliviana en general.

Es cierto que las relaciones del sector privado con el Gobierno aún están lejos de los niveles óptimos de coordinación que quisiéramos. La CNC, durante su vida institucional, siempre promovió el diálogo como una herramienta efectiva para generar las condiciones que generen un mayor desarrollo económico y social del país.

Enfrentar la coyuntura de crisis sanitaria, social y económica que aqueja al mundo entero, y a Bolivia en particular, exige mayores esfuerzos por parte del Gobierno para promover espacios de diálogo público-privado que permitan establecer una agenda económica con objetivos claros de corto, mediano y largo plazos.

Como sector empresarial privado ratificamos nuestra plena voluntad de trabajo conjunto con el Gobierno para generar un mejor clima de inversión con seguridad jurídica que coadyuve con una pronta reactivación de la economía y el empleo formal en el país.

Rolando Kempff Bacigalupo es economista, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y miembro de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas.

¿De qué depende el efecto de una crisis en la economía?

Esta pregunta es similar a evaluar los efectos de una enfermedad en una persona. Los efectos dependerán de I) las condiciones previas; II) la intensidad de la dolencia; y, III) el tratamiento médico. Estos elementos derivarán en el efecto duradero que podría tener esta dolencia.

Con esa analogía veamos cuáles eran las condiciones previas de Bolivia antes de la pandemia. Según Oxford Economics, nuestro país era el más vulnerable a la pandemia en el mundo. En lo sanitario por la baja preparación del sistema de salud, en lo económico porque los márgenes de acción fiscal eran reducidos por los altos déficits fiscales y la desaceleración económica, en lo social por la vulnerabilidad de la clase media y por las tensiones políticas agudizadas desde 2016.

En cuanto a la magnitud de la crisis hay dos dimensiones para ver qué tan fuerte fue la pandemia: la sanitaria y la económica.

En lo primero, la Encuesta de hogares 2020 sugiere que 400 mil personas estuvieron enfermas frente a los 150 mil reportados, mientras que The Economist estima que los decesos han sido 50 mil hasta el presente, por encima de los 20 mil reportados.

Respecto a lo económico, la crisis pandémica ha implicado a nivel mundial una caída del 16% de la producción industrial, que es mayor al desplome de la actividad del 13% en la crisis financiera de 2009. No obstante, la recuperación ha sido rápida (9 meses), frente a la mejoría en 34 meses en la crisis financiera.

Algunos sectores han sido duramente afectados, como hoteles, restaurantes, transporte y la construcción, que todavía no se recuperan de este evento adverso. De hecho, cálculos del Cebec estiman que la construcción habría perdido el equivalente a cuatro meses de actividad.

En cuanto a las respuestas, uno de los problemas serios para el diseño de políticas públicas fue la falta de información. Por ejemplo, se conocía la incidencia de la pobreza, pero no dónde se encontraban los pobres para dar ayuda focalizada. De igual forma, poco o nada se conocía de la estructura de costos de las empresas, de la disponibilidad de recursos líquidos para la sobrevivencia de la empresa y los programas de apoyo más adecuados.

En términos generales, se estima que en 2020 el país dejó de producir en torno a Bs 40 mil millones, que pudieron ser parcialmente mitigados por transferencias y ayudas de Bs 12 mil millones, pero todavía quedaron Bs 28 mil sin reposición.

Entonces concluimos, que las políticas para enfrentar la pandemia fueron desafortunadamente insuficientes para una rápida recuperación. En el caso del Gobierno de transición porque su diseño fue gradual y tardío y su implementación incipiente, en parte a la ausencia de fondos por los conflictos políticos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Respecto a la administración actual, las medidas más importantes han sido la reactivación de la inversión pública, el bono contra el hambre y la devolución parcial de aportes, que tampoco compensan la magnitud de la caída. Por el contrario, otras medidas han sido contraproducentes, como la reversión de medidas de alivio tributario, nulo énfasis en el sector privado y baja capacidad de diálogo.

Con este contexto, las secuelas de la pandemia económica son la precarización del empleo, puesto que el empleo formal urbano disminuyó de 22% a 18% entre 2019 y 2021. Por otra parte, las remuneraciones promedio son 20% más bajas. Y los pobres han aumentado entre 200 y 500 mil personas. Esto es coherente con un estancamiento del nivel de actividad (no crecimiento) en lo que va del año.

A pesar de que existen señales que cerraremos el crecimiento en 2021 con una cifra más alta que lo previsto hasta hace poco, todavía el ingreso por habitante estará por debajo de 2019 varios trimestres más, mientras haya menor conflictividad e inyección genuina de recursos.

Para que la siguiente crisis no sea tan penosa requerimos mejor preparación, adecuado sistema de monitoreo y una respuesta contundente.

Pablo Mendieta es Economista.

A casi dos años del inicio de la pandemia de Coronavirus, las microempresas, Pymes y emprendedores han necesitado buscar alternativas para sobrevivir y salir adelante. En Bolivia, nos empujó hacia una mayor informalidad y la mayoría vieron oportunidad en el comercio de productos, otros decidieron crear una microempresa; y las empresas constituidas se redujeron en capacidad y en número de trabajadores.

La realidad es que la mayoría de las personas optaron por comprar y vender productos de alimentos y primera necesidad, recuperando rápidamente su inversión, manteniendo su liquidez. Pero es fundamental y es momento de pensar a largo plazo, si queremos afrontar y salir de esta crisis lo más rápido posible. Sí, es cierto, debemos crear nuevas empresas que generen fuentes de trabajo, sin embargo, es mucho más importante crear empresas y emprendimientos de servicios, especialmente empresas que generen un alto valor a la sociedad, pensando en un futuro más digitalizado, así como lo vienen haciendo empresas altamente tecnológicas en el mundo.

De acuerdo al último estudio de Ericsson (2021), las empresas del futuro usarán la digitalización para su rentabilidad y sostenibilidad, trabajarán remoto, con redes 5G, digitalización y sobre la nube; dicho estudio identifica las seis principales tendencias que enfrentarán las compañías en 2030: empresas digitalizadas, trabajo a distancia, realidad extendida y 5G, economía colaborativa, expansión internacional, y el camino hacia cero emisiones.

En este escenario, es importante y fundamental incorporarse al mundo digital. Eso significa poder vender digitalmente, generar contenidos en espacios digitales, y si aún no lo hace, acelerar la generación de ellos. Si no se adaptan, muchas pymes desaparecerán del mercado.

Es vital que los distintos actores de la sociedad se sumen al apoyo de las pymes y los emprendedores que buscan el futuro en empresas de servicios. ¡Invirtamos en ciencia y tecnología! Esto hará que nuestro país se recupere más rápido, adquiramos una mentalidad startup y apostemos por la innovación temprana, dónde la experimentación y el feedback constante de los usuarios formen parte del desarrollo de productos-servicios, aportando valor a la vida del cliente, con mejora continua y crecimiento constantes. Es el tiempo de invertir en servicios y en tecnología y que los bolivianos veamos como mercado el mundo entero.

Gabriela Jiménez es Publicista Corporativa

Aunque el título de esta columna es similar al de un libro publicado en 1919 por el famoso economista John Maynard Keynes, mi intención es comentar sobre la conflictividad (en realidad, la falta de esta) y el crecimiento económico.

En cualquier parte del mundo y en todas las épocas de su historia, los conflictos sociales han implicado interrupciones en la actividad económica y los ingresos. Por ejemplo, en el siglo pasado la mayor conflictividad se observó en África, caracterizada por alta fraccionalización etno-lingüística que provocó varias luchas internas y guerras.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) en una investigación realizada en 2019 calculó que los países en general perdieron más de dos puntos porcentuales de crecimiento anual por los conflictos.

Dos puntos marcan la diferencia. Un país cuyo ingreso por habitante crece al 2% al año duplicará su estándar de vida en 35 años, mientras que uno que crece un 4% (sólo dos puntos porcentuales más) tendrá el doble de ingreso en menos de 18 años.

Desafortunadamente, Bolivia no es la excepción. Un libro publicado en 2008 por los investigadores José Luis Evia, Roberto Laserna y Stergios Skaperdas, titulado Conflicto social y crecimiento económico en Bolivia (1970-2005) encontró que nuestro país perdió cada año en promedio $us 90 millones de hoy a causa de la conflictividad entre 1950 y 2005.

En términos más recientes, desde el Centro Boliviano de Economía (CEBEC) calculamos que las pérdidas económicas por la conflictividad observada en 2019 estarían entre $us 400 y $us 1.200 millones dependiendo del enfoque utilizado para su cálculo.

Hasta ese año era difícil conocer el efecto económico de un paro porque no existían indicadores diarios de actividad en países y, peor aún, en ciudades.

No obstante, la pandemia cambió todo porque se necesitan esas cifras para saber la efectividad de las medidas de confinamiento y cómo ha variado la movilidad en las actividades sociales para controlar la pandemia. Gracias a Google tenemos varios indicadores que miden las actividades comerciales, de recreación, de transporte, etc.

Con esta información estimamos que, en el paro de 11 de octubre pasado, la movilidad a nivel nacional se redujo en 30%. Sobre esta base y tomando como referencia las pérdidas económicas por la pandemia, se podría estimar que el paro habría significado al menos $us 60 millones.

La economía necesita certidumbre, pero también paz para desarrollarse.

En el ámbito de la discusión económica del crecimiento económico desde 2005 existen dos visiones: una que apunta a la suerte por los altos precios de materias primas y dinámico crecimiento externo y otra que atribuye a la demanda interna, en especial la inversión pública.

Sin entrar en esa discusión, deseo llamar la atención que entre 2006 a 2014 también se observó baja conflictividad social comparada con el periodo previo y posterior. O, por lo menos, que existieron mecanismos de resolución de conflictos que permitieron dar certezas ausentes.

Por tanto, presumo que el crecimiento promedio de 5% en esos años también respondería a un clima de tranquilidad social, quedando pendiente la evidencia empírica que soporte y cuantifique esta afirmación.

¿Esto significa que los conflictos, pasados y presentes, son ilegítimos?

Para nada. El punto principal es que se necesitan instituciones que puedan ayudar a resolver las divergencias. En casi todo el mundo, a nivel personal y empresarial, el poder judicial es la principal vía. Por eso, un sistema jurídico probo es indispensable para la sana convivencia.

Cuando se trata de grupos en conflicto, la mejor ruta es la democracia y las instituciones que implica, empezando por el diálogo.

Este sistema genera más crecimiento económico, pues como lo muestra un estudio de los respetados académicos Daron Acemoglu (MIT) y James Robinson (Chicago), la democracia se asocia en promedio a un ingreso 20% más alto en el largo plazo.

Pablo Mendieta es Economista

Cuando analizamos a Bolivia desde un punto de vista administrativo territorial, tenemos que tener claro que se subdivide en 9 departamentos, 112 provincias, 1.384 cantones, y 340 municipios, éstos últimos son el espacio gubernamental más cercano al ciudadano.

Las políticas públicas de reactivación y de formalización deben nacer de estos espacios donde las alianzas público privadas deben redefinir el pilar del desarrollo sobre la base de las propias vocaciones productivas que precisan con claridad las capacidades del municipio, sus potencialidades, virtudes y oportunidades de desarrollo e inversión. El departamento de La Paz contribuye al PIB del país en aproximadamente 28% y genera 37% de impuestos a nivel nacional.

La Cámara Nacional de Comercio está impulsando estas alianzas con los municipios del país con base en las vocaciones productivas, que serán la base de un tipo diferente de crecimiento y de visiones complementarias, que permitirá que los empresarios y actores económicos locales participen en la reactivación de sus economías y –de manera complementaria– aportar en el desarrollo de cada uno de los 9 departamentos de Bolivia, con especial énfasis en el desarrollo del Norte de La Paz.

Este accionar junto a gobiernos locales forma parte de una estrategia de las alianzas público-privadas (APP), como herramienta efectiva para la atracción de Inversión y el desarrollo sostenible.

Esta visión de reactivación económica, de competitividad, productividad y desarrollo social y económico nos permite apreciar que es vital la participación empresarial en la economía del país. Se podría impulsar una carpeta de inversiones con los empresarios nacionales y el resto del mundo, lo cual posibilitaría atraer inversión privada directa.

El objetivo de la firma de estos acuerdos es la atracción de inversión mediante las alianzas público-privadas. Por ejemplo, el norte paceño es una zona con gran potencial para aportar a la economía departamental y nacional.

La Sra. Nueza Coca, Alcaldesa de Teoponte, población de la provincia Larecaja, y Rudy Ciro Jiménez, burgomaestre de Apolo, capital de la provincia Franz Tamayo, fueron claros al reconocer que el acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia beneficia a esos dos municipios e impulsará su reactivación económica.

Estos dos municipios, que forman parte del norte paceño, tienen gran potencial de desarrollo. Sus recursos naturales están en la agroindustria, la minería, el turismo. En este caso la participación privada hará los esfuerzos necesarios para coadyuvar en su reactivación.

Cuando hablamos del norte paceño, nos referimos a algo más de la mitad del departamento de La Paz que es amazónico, que tiene las condiciones para participar del desarrollo del departamento y del país en general.

Lamentablemente, como lo dije en una nota de hace unos dos años, la falta de integración de la región con el resto del departamento es uno de los mayores problemas que afecta su economía.

El norte paceño es apto tanto para la producción agrícola industrial, como la pecuaria y ganadera. También tiene potencialidades para diversos emprendimientos industriales y la generación de energía por 100 megavatios aproximadamente.

La región tiene una temperatura que fluctúa entre los 24 y 33 grados centígrados, apto para producir café, castaña, arroz, cacao, y una gran variedad de frutas. En esta exuberante región se puede desarrollar el ecoturismo, mostrando la gran riqueza del Madidi.

El empresariado privado nacional está predispuesto a acompañar todo proyecto para asegurar un desarrollo sostenible de la región, del Departamento y el país. Las inversiones deben darse sin comprometer la sostenibilidad de los suelos y ecosistemas en general, para lo que deberán realizarse los estudios necesarios que ofrezcan esta garantía y que bien manejados, puede convertirse en uno de los mayores proyectos de la Economía Naranja y la Economía 4.0 del talento.

Convencidos de que se deben establecer espacios de diálogo entre los sectores público y privado para construir una agenda de corto, mediano y largo plazo, y captar las inversiones que se necesita, la CNC organizó el Foro Económico de Las Américas.

Este encuentro tuvo la participación de: la Cámara Nacional de Industria y Comercio de Mercosur y América; Global Trade Chamber de Miami; las embajadas de España y México en Bolivia y CDEI Business School.

Es necesario reiterar que las alianzas público-privadas representan una oportunidad importante para promover la inversión en diferentes sectores de la economía nacional, y de esta forma impulsar el desarrollo nacional.

El autor es Economista, licenciado en la UMSA, con Post Grado; Doctorado Ph.D en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador de Argentina y Académico de Número de la ABCE (Academia Boliviana de Ciencias Económicas).

El traspaso de Fundempresa al sector público podría significar un detrimento de los logros alcanzados hasta ahora. Todo proceso de transición demanda procedimientos y tiempos serios y bien planificados, que no sería prudente alterarlos. Las inversiones en software, personal y otros son fundamentales.

Este es el criterio de los empresarios, ante la determinación del gobierno de dar por concluida la concesión del Registro de Comercio en favor de Fundempresa, vigente hace 20 años.

Como lo recordaba en una anterior nota, en 2001 se entregó el registro público de comercio para el Registro Mercantil sin fines de lucro, mejor conocido como Fundempresa, constituido por la Cámara Nacional de Industrias, Cámara Nacional de Comercio, Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz y Cámara de Constructores de Santa Cruz.

En este lapso, Fundempresa se convirtió en la organización más eficiente en temas de trámites en Bolivia. Si se pierde esta “experiencia y conocimiento” pone en riesgo más de 20 años de trabajo continuo con cero denuncias de corrupción o ineficiencia.

Como señaló el comentarista Hernán Paredes, ¿por qué lo que funciona a la perfección tiene que cortarse? Cualquier emprendedor o empresario en la cadena de la formalización de su actividad económica, llámese NIT, Licencia de Funcionamiento, ROE, Registro Sanitario, Registro de Comercio, etc.; la institución que menos tiempo consume al usuario y la más eficiente es justamente Fundempresa.

Fundempresa se convirtió en una de las mejores muestras de lo bien que funcionan las alianzas público-privadas.

El 29 de septiembre terminó la concesión del Registro de Comercio en favor de Fundempresa y en todo el tiempo de su funcionamiento mantuvo un alto estándar de credibilidad y confianza no solo entre sus usuarios, sino en toda la población en general.

En estos 20 años, el gobierno no tuvo queja alguna de los usuarios del Registro de Comercio. El actual ministro de Desarrollo Productivo, al justificar la determinación gubernamental, sólo señaló que “terminó el contrato de la concesión”, por lo que el registro ahora vuelve a manos del Estado.

El jueves 30 de septiembre 2021, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que establece la creación de un Registro de Comercio para las empresas del sector privado, que estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

Como lo registran los medios de comunicación, el presidente Luis Arce promulgó el 1 de octubre del año en curso la Ley 1398, que en su artículo único establece que el registro de comercio estará bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, y que en 15 días se conocerán los alcances y la reglamentación a través de un decreto supremo.

Por su parte, el miércoles 6 de octubre, mediante Decreto Supremo No. 4596 se establece que Fundempresa prestará el servicio con normalidad, conforme a las condiciones y obligaciones previstas en el contrato de concesión, hasta el 31 de marzo de 2022.  A partir del 1 de abril, el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio - Seprec iniciará la prestación del servicio.

Transferir la documentación tanto física como digital a un nuevo operador, y capacitar adecuadamente a quienes se hagan cargo del manejo de esta oficina demandará por lo menos dos años de trabajo continuo, y así mantener los niveles de calidad y servicio que ofrece Fundempresa.

El trabajo de los nuevos administradores tendrá que ser eficiente y muy profesional, porque gobierno y empresarios sabemos que la seguridad que inspira Fundempresa en la población y las empresas genera oportunidades de inversión, de negocio, crecimiento económico y social, no solo dentro del país, sino también fuera de él.

Rolando Kempff Bacigalupo es economista, Ph.D en Relaciones Internacionales y Académico de Número de la ABCE

Así como en la bonanza económica que experimentó Bolivia en la década pasada se generaron nuevos ricos, una clase popular emergente. Lo cual fue muy bueno. 

Hoy, mucha gente está con la idea errónea que después de la cuarentena todo seguirá exactamente como antes, y se están comiendo sus ahorros! 

Hay tres variables que serán letales para nuestra sociedad y que se irán dando progresivamente hasta fin de año:

1. Las empresas grandes se verán obligadas a replantear sus presupuestos, donde sin duda que la mano de obra será protagonista. Pues mas allá de apoyarse en los bancos, habrá recortes de sueldos y/o reducción de personal.

2. Las pequeñas y medianas empresas, sin mucho margen de reducción de personal o acceso a créditos, tendrán que evaluar otro tipo de recortes o suspender operaciones. No tienen muchas opciones de subsistir.

3. La caída de materias primas como el gas, minería, además del turismo, las remesas y la manufactura; irán dejando sin mucho margen al gobierno para aplicar políticas públicas para impulsar el aparato productivo nacional.  

Si bien hay un sinfín de propuestas de diferentes lados para encontrar salida a esta crisis, en su mayoría buscando protección para sus respectivos sectores. No hay una propuesta integral ni real porque simplemente nadie sabe lo que todavía va a pasar ni cuanto tiempo va a tardar.  

Hasta fines de este 2020 todo irá encontrando su nuevo orden en lo económico y social. Pero es claro que el baile se dará en el marco de una recesión o incluso de una depresión económica. 

Algunos países perderán ricos, el nuestro ganará pobres.

Por lo pronto, la cuarentena debería alargarse en términos de salud, pero debería suspenderse en términos económicos, y para algunos incluso en términos de hambre. 

Lastimosamente, sea el camino que se tome, Bolivia tendrá nuevos pobres.

La Federación de Empresarios Privados de La Paz realizó sendos estudios para el crecimiento del Departamento de La Paz, entre ellos, la “Marcha al Norte”, donde se podría instrumentar la generación de electricidad aprovechando los recursos hídricos. También se podría desarrollar la producción de alimentos como la soya y caña de azúcar. Asimismo, se debería planear la construcción de un aeropuerto hub en La Paz, para incrementar el turismo.
Esta integración del transporte aéreo permitiría que el turista extranjero pueda realizar un circuito, visitando las principales maravillas turísticas de Bolivia, como ser: el Salar de Uyuni en Potosí y Oruro; el Lago Titicaca; los Yungas en La Paz y otros tesoros del patrimonio nacional.
Se estima que un millón de turistas al año podrían visitar Bolivia, lo cual sería una importante inyección económica para el país a través de la economía naranja. Debemos aprovechar el talento humano que tenemos, ampliamente demostrado en los diferentes sectores de la micro y pequeña empresa.
El desarrollo productivo es una demanda de la población por la situación de pobreza existente a nivel rural y en áreas periurbanas de las ciudades que, no obstante, tiene efectos directos en las condiciones de consumo y compra de las zonas urbanas. Existe consenso en torno a que la dinamización de los procesos de desarrollo podrá lograr mayores y mejores niveles de vida para la población, especialmente para los más pobres.
Este concepto es ampliamente tratado en la Constitución Política del Estado. Existe el convencimiento de que potenciar lo productivo permitirá consolidar la soberanía alimentaria.
En este contexto, por iniciativa del Municipio de La Paz, hace algunos días se llevó a cabo la primera reunión de coordinación para constituir el Consejo de Desarrollo Productivo y Social del Departamento de La Paz. Contó con la participación de representantes de la Cámara Departamental de Industrias de La Paz, Cámara Nacional de Comercio, Federación de Empresarios Privados de La Paz, Universidad Mayor de San Andrés y la Central Obrera Departamental de La Paz.
Debemos estar muy conscientes de que La Paz perdió el liderazgo nacional, debido a una serie de problemas propios de la Sede de Gobierno, y por el empeño que puso Santa Cruz en asegurar su desarrollo.
Solo como referencia veamos algunos indicadores estadísticos: el Departamento de La Paz tiene 3 millones de habitantes y Santa Cruz 3,3 millones. El PIB nominal paceño supera los 11.500 millones de dólares, su ingreso per cápita bordea los 4.000 dólares.
La balanza comercial de La Paz es negativa desde hace muchos años. Las exportaciones en 2020 llegaron a 1.220 millones de dólares, mientras sus importaciones alcanzaron los 1.753 millones de dólares. La base empresarial vigente al 2020 está conformada por 102.961 empresas, de ellas algo más de 35.000 se dedican a las ventas por mayor y menor.
En la producción industrial, La Paz representa el 22% del PIB industrial nacional, registra el 32% de las industrias de Bolivia y genera el 27% de la población ocupada industrial nacional. Existen más de 11 mil industrias paceñas y más de 180 mil trabajadores.
La Paz tiene un parque automotor de 493.878 vehículos. De éstos el 93,8% son vehículos particulares, 3,2% del sector público y 3% oficiales.
Entre algunas de las competencias del gobierno autónomo municipal, definidas por la Constitución Política del Estado, se puede mencionar:
– Planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción.
– Promoción del empleo y mejora de las condiciones laborales en el marco de las políticas nacionales.
– Políticas de turismo local.
– Proyectos de infraestructura productiva.
– Formular y ejecutar proyectos de infraestructura productiva para el acceso a mercados locales y promoción de compras estatales, a favor de las unidades productivas, precautelando el abastecimiento del mercado interno y promoviendo la asociatividad de las unidades productivas.
– Formular, proponer y ejecutar planes, programas y proyectos de industrialización de la producción nacional, promoviendo la comercialización a nivel local.
– Crear una instancia de planificación participativa y garantizar su funcionamiento, con representación de la sociedad civil organizada y de los pueblos indígena originario campesinos de su jurisdicción.
Los participantes en el encuentro esperan que en las próximas semanas pueda conformarse este Consejo, promovido por el Gobierno Municipal de La Paz y la Federación de Empresarios Privados de La Paz, y todos los otros municipios que conforman el Departamento se unan a esta iniciativa, para poner en práctica las competencias y atribuciones que les otorga la Constitución Política del Estado y así lograr el desarrollo de nuestro hermoso Departamento de La Paz.

El autor es Economista, Doctorado Ph.D en Relaciones Internacionales y Académico de Número de la ABCE (Academia Boliviana de Ciencias Económicas).

El INE publica cada mes estadísticas laborales en base a una encuesta nacional urbano-rural que cumple con todos los estándares internacionales. A julio se observa una notoria reducción del desempleo: desde su pico más alto de 11,6% en junio de 2020 a 6,4% en julio de 2021. Conocer las estadísticas de desempleo probablemente no te mantendrá fuera del desempleo, pero al menos entenderás por qué. Analicemos este guarismo laboral con mayor profundidad.

Es importante analizar el indicador de desempleo porque es un fiel reflejo de la actividad económica cuyo cómputo es más complejo en tiempos de pandemia. El vínculo del empleo con el sector real se debe a que cuando una persona pierde su trabajo deja de producir, reduciendo la capacidad productiva de toda la economía.

La tasa de desempleo es un indicador agregado que reúne diversas causas por las que los trabajadores interrumpen su actividad laboral. Por ejemplo, una parte del desempleo se debe al tiempo que demoran las personas en encontrar uno nuevo y la dificultad de las empresas en cubrir sus puestos vacantes. Este tipo de desempleo se conoce como “friccional” porque está en transición a ser absorbido y se lo considera de corto plazo, por lo que prescindiré de su análisis.

El desempleo también se crea cuando una economía entra en recesión y se lo denomina “cíclico” porque una vez superada la fase negativa, disminuye porque las personas recuperan su mismo puesto de trabajo. La tasa de crecimiento de la economía en 2020 fue negativa. La economía boliviana no atravesaba una recesión desde los años 80. La recesión redujo la demanda de bienes finales y obligó a las empresas a despedir trabajadores. Algunos de los sectores más golpeados en 2020 por la pandemia y las medidas de confinamiento fueron el comercio, el transporte y los servicios. Es natural que en 2021 estén entre los de mayor mejoría, aunque con empleos de menor calidad, pero su recuperación no debe ser confundida como un avance de la informalidad porque ya formaban parte de ella.

En 2021 el consumo doméstico se reactivó. Las empresas produjeron más y volvieron a recontratar a su personal cesante. Este comportamiento se reflejó principalmente en la construcción y la industria. En esta última se terciarizó y subcontrató personal. Pese a todo, el empleo formal creció 28%. La recuperación económica también vino del brazo de los hidrocarburos y la minería, destaca esta última por su incidencia en la demanda de trabajo que fue notoriamente alta.

Ahora bien, es posible que no todas las personas recuperen su fuente laboral una vez superada la fase recesiva, allí se produce un desempleo “estructural”. Durante la etapa de cuarentena, algunos empleados perdieron su fuente de ingresos y no volvieron a su puesto original luego de la reapertura económica, como fueron los rubros de turismo, algunos servicios de recreación y cultura, hotelería y restaurantes. Para evitar que el desempleo cíclico se convierta en uno estructural, se requiere que los dueños de los establecimientos afectados se contagien de un espíritu innovador y apoyados con las facilidades financieras del Gobierno, reinventen sus modelos de negocios.

El lado de la oferta de trabajo también se merece algunas consideraciones. El camino de regreso a la fuerza laboral para madres que no tienen con quién dejar a sus hijos puede ser más pedregoso. Es de esperar una gradual normalidad de la participación laboral femenina a medida que los centros educativos retornen a las modalidades presenciales o semipresenciales. La flexibilidad de horarios también forma parte de las nuevas preferencias de los trabajadores que, conscientes de las bondades del teletrabajo, prefieren esperar por puestos más cómodos desde el confort de su hogar. El miedo al contagio también es una fuente de inactividad laboral, que se irá reduciendo conforme avance la vacunación.

En síntesis, la evolución del mercado de trabajo muestra claras señales de recuperación económica que son plenamente consistentes con las estadísticas del IGAE por sector económico. Además del mercado laboral, existen otros indicadores microeconómicos que advierten dicha tendencia. Poner en duda las estadísticas económicas sin argumentos válidos y mellando la integridad técnica de quienes solo se dedican a compilarlas es aventurero y dice poco de la integridad del análisis económico que realizan. En Argentina, un conocido opinador económico ganó mucha fama valiéndose de anuncios de este tipo y hoy es candidato presidencial. En Bolivia parece tener sus imitadores.

Omar Velasco Portillo es economista.

Finalmente terminó la novela de la Ley de devolución de los aportes de las AFP. En la dramaturgia nacional el culebrón debía llamarse: Si me emborracho es con mi plata. La Ley promulgada estable.

Devolución del 100% del aporte para los asegurados de 50 o más años que tengan ahorrado hasta Bs 10.000. También podrán retirar al hasta el 15%  los pensionistas que tienen acumulado Bs 100.000 independientemente de su edad. Finalmente, se devolverá hasta Bs 15.000 a los asegurados que tienen más de Bs 100.000 en su cuenta personal.

Si todos estos ciudadanos deciden recoger su dinero de las AFP esto podría implicar una inyección a la economía de 450 o 500 millones de dólares, sin duda alguna un fuerte respaldo a la demanda agregada que ayudará a recuperar la economía a una mayor velocidad, pero consolidando el modelo primario exportador comerciante. Con el tipo de cambio real apreciado, buena parte de este dinero permitirá la recuperación del aparato productivo, pero de Chile, Argentina, Brasil o China. Las importaciones, legales e ilegales, seguirán subiendo significativamente. El efecto derrame sobre el aparato productivo nacional será menor, en especial, porque el gobierno no modificará el tipo de cambio fijo ni implementará políticas de oferta integrales para apoyar a los productores locales. Para muestra un botón, el coqueto programa de sustitución de importaciones a la fecha movilizó 30 millones de dólares, o sea una pigricia comparada con los bonos y la inversión y gasto público metidos por el lado de la demanda. Por lo tanto, desde la perspectiva macroeconómica vamos a paso de parada a la vieja normalidad: Una burbuja de consumo fuertemente basada en la informalidad comercial y de servicios.

Desde un ángulo microeconómico, la Ley es más polémica y en cierto sentido curiosa, para decir lo menos. Si bien se trata de una política pública donde el Estado libera el ahorro de los ciudadanos, operativamente la norma dependerá de cuándo saquen las personas y cómo gasten estos recursos. Desde la política se la presenta como una dádiva del Estado, pero en la práctica depende de una acción individual. El gobierno transfiere la responsabilidad de la introducción de este dinero a la economía a una decisión personal y voluntaria. Es una especie de free to choose (libertad de elegir) populista, pero con penalizaciones. En efecto, los que tengan menos de Bs 10.000y saquen su plata, perderán el acceso a la jubilación. Los otros grupos no tendrán acceso a la salud y a la fracción solidaria. Eres libre de meterte un autogol, yo me quedo con el rédito político, pero tú saldrás perdiendo. Todas estas penalizaciones afectan a los grupos más pobres.

En suma, el gobierno libera la plata, pero recomienda fuertemente no tocarla. Es un nuevo clásico de la política populista: sí, pero no, al final es tu rollo.

¿Ahora bien, para muchos aportantes sin trabajo, sin ingresos y ciertamente, algunos pasando hambre, es justo colocarlos en esta disyuntiva?¿Cuánta libertad de elegir puede haber cuando alguien está con deudas, perdió el trabajo o no tiene para comer? ¿Sacar o no sacar los aportes?

A estas alturas de la columna es pertinente recordar las reflexiones sobre pobreza de economía AmartyaSen. Para este economista, pobre no es solamente quien no tiene ingresos suficientes para vivir o acceso a servicios básicos, sino también aquel que no puede elegir qué camino seguir y es esclavo de sus necesidades. Un pobre no elige de la misma manera que un no pobre. En este caso, el primero no tiene alternativa, sino sacar su dinero de las AFP. El segundo, el no pobre, puede esperar y ejercer su libertad de no sacar sus aportes.

Además, obligado por las circunstancias de pobreza o falta de empleo, al sacar sus aportes, además, el ciudadano es discriminado y penalizado perdiendo derechos sociales: jubilación, acceso a la salud y compensación solidaria.

Ahora si éste quiere recuperar tus derechos, debes devolver el dinero que se te adelantó. Pagar con intereses el favor que lehan hecho con su plata. Así mismo, cabe recordar que la medida pone en riesgo todo el sistema de pensiones que tiende un hilo. Es decir, el gobierno se financia con los recursos de los abuelos actuales y futuros. Cobra un impuesto a la vejez disfrazado de beneficio social.

¿Dado que el gobierno está raspando la olla, es Ley el único camino para seguir? Por supuesto que no. Esta es sólo una prueba del déficit de ideas crónico de los dueños del poder. Las alternativas son muy amplias y diversas, tanto del financiamiento - cooperación internacional y mercados privados - como de las políticas públicas - programas de empleo de calidad en base al sector privado, programas de empleo vinculados a un cambio en salud y educación, y sobre todo diversificación productiva de base local - para mencionar las más conocidas.

Gonzalo Chávez es economista.

En el mercado de trabajo, el Covid ha puesto retos tanto a las autoridades, empleadores, trabajadores y sindicatos debido a los múltiples impactos que está causando.

La primera señal de cambio en el mercado de trabajo por el virus es el aumento del desempleo. La Organización Internacional de Trabajo (OIT) estimó, el año 2020, que se perdieron 114 millones de empleos. En su informe esta organización explica que  la disminución de la ocupación el 2020 dio lugar a un mayor aumento de la cantidad de personas que salieron de la fuerza de trabajo, que de la cantidad de personas desocupadas;  en otras palabras, el año pasado hubo más personas despedidas que desocupadas.  Nos dice que los cesantes representan el 71 por ciento de la disminución de la ocupación a nivel mundial. Esto propició  una reducción de la tasa de participación en la fuerza de trabajo a escala mundial de 2,2 puntos porcentuales en 2020, hasta alcanzar el 58,4%”, aclara la OIT.

En Bolivia, según el INESAD y con base en la  Encuesta Continua de Empleo,  del Instituto Nacional de Estadística,  hasta abril del año 2020 nos mostró que  la fuerza laboral, como porcentaje de la población en edad de trabajar, se redujo del 67,8% en febrero al 59,9%. Lo que significa que mucha gente no sólo dejó de trabajar sino que dejó de buscar empleo, esto hace que crezca la población inactiva. Esta es una situación, nos dice INESAD,  que caracteriza a una crisis económica donde los empleos se destruyen y se generan muy pocos, desalentando la búsqueda de trabajo. La tasa de desempleo en el país llegó casi a un 12 por ciento.

Ahora el gobierno dice que la economía comienza a recuperarse por el denominado efecto “rebote” y porque ellos incentivaron las inversiones. Pero al parecer no se alcanzó el registro de empleo que teníamos el año 2019. Al parecer el Covid pinchó la economía, por ello el rebote no alcanzó los niveles que se registraban antes de la pandemia. 

Pero las cifras gruesas del mercado de trabajo no muestran lo que están atravesando los ciudadanos, ni cómo los está afectando en su cotidianidad.

Muchos de los trabajadores que eran asalariados y que estaban en el ámbito del trabajo decente, al perder su fuente de ingresos debido a recortes en la empresa o porque la empresa cerró actividades, no esperaron a encontrar trabajo similar. Ellos saben que difícilmente lo encontrarán y por ello se dieron a la tarea de crear su propia actividad.  Se observa un crecimiento del sector informal y al mismo tiempo un crecimiento de las personas con empleo precario. Es más, precarizan incluso su vejez, están a punto de recoger un porcentaje de sus aportes a las AFPs.

Un porcentaje de personas que conservan sus empleos experimentan transformaciones importantes. Ya no tienen que trasladarse de su hogar a su empresa, sino que la empresa llega a su casa. Marca tarjeta a la hora que se conecta virtualmente y dura su jornada hasta cuando se desconecta. Esto está abriendo la posibilidad de que la remuneración por hora sea lo normal.

Pero los hogares no están diseñados para ser oficina. Lo está para la convivencia familiar. Pero ahora, tanto esposo como esposa tienen su trabajo en el domicilio. Esta nueva situación muestra a la doble jornada de la mujer más nítidamente. El mejor lugar para trabajar seguramente se lo destina al marido, ella tiene que cocinar y atender a los hijos y al mismo tiempo trabajar simultáneamente. La situación en los hogares se debe estar complicando.

Como los sindicatos están mirando pasar las aves y creen que el mundo no cambió, ellos no se pronuncian sobre estos y muchos más cambios que se registran en el mercado de trabajo. Por ello los trabajadores y trabajadoras están inermes ante la nueva realidad.

Estos ejemplos que presento son algunos de los cambios que estamos experimentando y que poco a poco están entrando a nuestra cotidianidad casi sin resistencia. Las posiciones principistas de defensa de la vetusta legislación laboral al parecer se están diluyendo. El mundo cambia y nosotros solo atinamos a dejarnos llevar por la ola del cambio.

Rodolfo Eróstegui es experto en temas laborales.

Los empresarios de Bolivia y Chile trabajan en forma conjunta por mejorar las relaciones comerciales de ambos países, para aumentar el intercambio de bienes y servicios y el desarrollo económico de sus pueblos.

Hace días, el Consejo Empresarial Binacional Bolivia- Chile —en sus capítulos Bolivia y Chile— se reunió para analizar diversos temas de interés nacional, respetando los protocolos de seguridad impuestos por la pandemia.

La Cámara Nacional de Comercio (CNC) trabaja junto a su similar chilena, la Sociedad de Fomento Fabril F.G. (SOFOFA), según el objetivo de los empresarios y emprendedores de beneficiar a ambos países por medio de la cooperación comercial. Los dos capítulos del Consejo Empresarial Binacional pondrán a consideración de la Comisión Administradora del ACE N°22 una serie de temas orientados a alcanzar una óptima relación comercial. Este consejo buscará que se institucionalice su participación como ente asesor y coordinador.

En las relaciones de los dos países no pueden dejarse de lado temas como las inversiones, el comercio electrónico, el comercio de servicios, la incorporación de las Mipymes, la cooperación económica y comercial, entre otros puntos.

Chile, a través de un protocolo adicional aprobado por su gobierno en 2006, otorgó a Bolivia arancel cero a todos su productos, con excepción de los sujetos a bandas de precios. Es importante facilitar el comercio con eliminación de los permisos previos, mejorar y ampliar la cooperación aduanera, cambiar la certificación actual por un sistema de certificación digital, entre otros. De igual forma, debemos atender la necesidad de avanzar hacia un acuerdo que nos permita evitar la doble tributación.

La reunión del Consejo Empresarial Binacional está interesada en promover planes, programas y políticas gubernamentales necesarios en las dos naciones, para incrementar las relaciones comerciales y la prestación de servicios transfronterizos. El trabajo conjunto de los empresarios de Chile y Bolivia no es reciente. Solo como ejemplo podemos mencionar que el 9 de septiembre de 2020 se firmó el memorándum de entendimiento entre la CNC y la SOFOFA en el que se sentaron las bases para dar apoyo y sustento al futuro funcionamiento del Consejo Empresarial Binacional en ambos capítulos.

El 2 de octubre de 2020 se constituyó este consejo. El 15 de enero de 2021, su capítulo chileno se reunió con autoridades del puerto de Arica para conocer su situación y el funcionamiento del ferrocarril Arica-La Paz con relación al transporte de carga y pasajeros entre Bolivia y Chile.

El 19 de mayo del presente año, la mesa directiva del capítulo chileno se reunió con los senadores de la región de Arica y Parinacota, José Miguel lnsulza y José Miguel Durana, para hacerles conocer el plan de actividades del consejo empresarial e intercambiar puntos de vista orientados a avanzar en una agenda que contribuya a ampliar las relaciones económicas y comerciales con Bolivia. En particular, se manifestó la necesidad de seguir perseverando en el funcionamiento del ferrocarril Arica-La Paz.

La empresa Ferroviaria Andina, hace algunos meses, hizo pruebas del estado de la vía férrea para reanudar sus servicios entre Arica y La Paz. Los empresarios esperamos que en cualquier momento vuelva este servicio, que es necesario para abaratar costos del comercio exterior. No olvidemos que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) manejan el 49% de esta compañía nacional de ferrocarriles.

Rolando Kempff Bacigalupo es economista, presidente de la Cámara Nacional de Comercio.

Se escribe mucho sobre la informalidad y muy poco sobre la felicidad que es entre otras cosas el fin primordial que todo ser busca en su paso por este valle de lágrimas, como dirían algunos agoreros. Cuando se dice que en Bolivia el sector informal de la economía ya sobrepasa el 80%, cabe preguntar: ¿por qué además de la innata necesidad de sobrevivencia, la gente prefiere alejarse de los cánones y reglas de la economía formal para cumplir su cometido? Observe a la gente en un banco, en una oficina de impuestos o en una dependencia oficial, observe los rostros serios, las cejas fruncidas, la impaciencia en sus movimientos y compare con los rostros de la gente en una feria, en una kermés o en un mercado vecinal, vea los rostros alegres de los que compran y de los que venden, su comportamiento relajado, sus movimientos amigables, su felicidad. ¿Por qué la diferencia?

La economía y especialmente el comercio, nacieron informales, desde el trueque de especies y objetos de valor de los primeros grupos humanos, pasando por el tiempo de conquista de tierras de los imperios primigenios y hasta la colonización de éstos por las potencias militares emergentes en cada época, toda la economía se movía en base a valores relativos y a la supremacía del más fuerte. Pero había que financiar las aventuras de reyes y soberanos y de la burocracia de los gobiernos de turno después; la fuente de este financiamiento no podía ser otra que la generación de tributos y después de impuestos y así, se formó el entramado complejo que hoy denominamos “economía”. No es objeto de esta columna el entrar en mayores detalles sobre este asunto, solo puntualizar que con el paso del tiempo este entramado se complejiza cada vez más y las obligaciones crecen para la gente en relación inversa a los beneficios que obtiene por ejercer una actividad económica formal. Ese es, en mi opinión, el origen de lo que después se llamó informalidad: renegar del sistema y sus obligaciones para obtener mayor beneficio personal. Se la puede calificar como se desee pero está ahí gozando de buena salud y creciendo, de manera especial en los países en vías de desarrollo, eufemismo que engloba a países pobres, subdesarrollados y “bananeros”. Ese es el reto al que como país nos enfrentamos si no queremos terminar siendo un Estado informal.

Generalmente se asocia el sistema de desarrollo actual con las catastróficas consecuencias ambientales y sociales que vivimos, y se añora la simplicidad y el calor humano que acompañaron al Medioevo y al Renacimiento, como describe W. Bluske en su libro humorístico Subdesarrollo y Felicidad (Khana Cruz SRL. 1976), las costumbres y el buen pasar de la gente en mi tierra Tarija cuando era un pueblo feliz anclado en el tiempo, tierra de bucólicos paisajes, de donde salieron poetas, cantores, también políticos e ilustres profesionales de fama y prosapia que dieron renombre a esas tierras. Pero eso es harina de otro costal, la informalidad no hace pueblos felices aunque aquellos que la practiquen vivan algo parecido a esas mieles. Como país debemos reconocer que es el sistema el que tiene que cambiar y debemos hacerlo, la lucha brutal por acumular riqueza a cualquier costo está llevando a la humanidad al borde del abismo. Estas líneas un poco diferentes a los comentarios habituales de esta columna, solo buscan generar un tiempo de reflexión sobre lo que como nación nos espera si no cambiamos positivamente.

Dionisio J. Garzón M. es ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia

El contrabando, la informalidad y los autos indocumentados deben ser tema central de la economía nacional, porque son males que repercuten en ella, afectando tanto al empresario del sector formal, porque no puede competir con los precios de los productos internados ilegalmente, como a los trabajadores, porque están en un permanente riesgo del cierre de su fuente laboral.

El problema de la informalidad se agrava con la creciente actividad del contrabando, que aprovecha la necesidad de trabajo de muchas personas, para tenerlas como sus vendedores en las calles, sin la cobertura del seguro social y menos los aportes para la jubilación y otros beneficios que tiene el trabajador del sector formal.

Nuestro país encabeza el ranking de empleos en el sector informal de su economía. Según un reporte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), existe casi 85% de informalidad laboral en el país. El investigador Bruno Rojas indicó: “antes de la pandemia, ocho de cada 10 personas ocupadas tenían empleos precarios, inestables, sin seguridad social”.

La Cámara Nacional de Comercio destacó que el contrabando llega al 7,5% del PIB. Se estima que el valor de los productos internados ilegalmente alcanza a $us 3.000 millones. Es cierto que nuestras fronteras con los cinco países vecinos tienen una extensión de aproximadamente 7.000 kilómetros, lo que dificulta el control.
El contrabando ha pasado de ser una actividad ilícita, conocida como transporte hormiga, a una con muchos recursos económicos, técnicos y armas, que son un verdadero peligro para todos. Está considerada como parte de la economía informal.
Según la CEPAL, el término sector informal abarca “las acciones de los agentes económicos que no se adhieren a las normas institucionales establecidas o a los que se niega su protección”. Incluye todas las actividades generadoras de ingresos no reguladas por el Estado.
Con el término genérico de economía informal se distingue las siguientes subformas:

1) La economía no declarada, que comprende la realización de acciones que “soslayan o evaden las normas impositivas establecidas en los códigos tributarios”. El monto de los ingresos que deberían ser declarados a las autoridades impositivas, pero no se los declara, representa un ejemplo sumario de este tipo de economía subterránea.

2) La economía no registrada, en la que están las actividades que transgreden los requisitos de los organismos estadísticos del Estado en materia de declaración. Su medida estricta es el monto de los ingresos que se debería registrar en los sistemas de cuentas nacionales, pero no se los registra.

3) La economía sumergida, donde están las actividades económicas que hacen caso omiso del costo que supone el cumplimiento de las leyes y las normas administrativas que rigen las “relaciones de propiedad, el otorgamiento de licencias comerciales, los contratos de trabajo, el crédito financiero y los sistemas de seguridad social”.

Por otra parte, la Asociación de Propietarios de Vehículos Indocumentados, presentó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un anteproyecto de ley que busca legalizar más de 200.000 motorizados. El representante de esta organización justificó su pedido señalando que “cada afiliado solo va a poder acogerse a la ley de amnistía con un solo vehículo, esta organización no es de chuteros, tampoco es de contrabandistas son netamente de personas que nos hemos comprado el vehículo aquí en territorio nacional”.

En el país, estos vehículos chutos ya fueron “nacionalizados” en dos oportunidades. La primera fue en 1999, cuando el presidente Hugo Banzer aprobó el Decreto Supremo 25.575, otorgando una amnistía “excepcional” para los propietarios de vehículos indocumentados ingresados al país. En su artículo primero se establece que este “perdonazo” se realizaba por única vez y que cumplido el plazo, los vehículos que no hayan sido nacionalizados serían incautados.

La segunda vez fue durante el gobierno de Evo Morales, cuando en junio de 2011 promulgó la Ley 133 que en su artículo 1 establece “por única vez un programa de saneamiento legal de los vehículos automotores a gasolina, gas natural vehicular y diésel”.
Los empresarios esperamos que se mantenga la posición de Marcelo Montenegro, Ministro de Economía, que descartó que se vaya a viabilizar la legalización de autos indocumentados, evitando así caer en la tentación “política” expresada por algunos parlamentarios, que desde 2017 apoyan una eventual amnistía para los “chutos”.

Estimamos que esta actividad ilegal genera un perjuicio a la economía nacional de al menos 1.500 millones de dólares anuales. Si se viabilizara esta norma, sería una señal de fomento al contrabando y las actividades ilícitas en Bolivia, lo que iría en desmedro de la producción nacional y la imagen del propio gobierno.

Se estima que, para reducir la informalidad y por ende el contrabando, se debe promover la creación de fuentes de empleo, con incentivos tributarios, reduciendo la carga laboral y facilitando financiamiento a los emprendimientos innovadores, porque las generadoras de empleo formal son las empresas privadas.

El autor es Economista, licenciado en la UMSA, con Post Grado; Doctorado Ph.D en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador de Argentina y Académico de Número de la ABCE (Academia Boliviana de Ciencias Económicas).

Por Rolando Kempff Bacigalupo