En su trabajo, todos los empresarios necesitan de una activa participación del Gobierno, como facilitador de su actividad y de manera especial abriendo mercados para la producción nacional.

¿Qué hace la empresa privada boliviana? Esa podría ser la pregunta que se formulan algunos bolivianos cuando se habla del empresariado privado nacional y su participación en el quehacer económico nacional.

La respuesta es simple: la empresa privada se dedica a producir a lo ancho y largo del territorio nacional. La integran los grupos de la gran empresa privada, la mediana y la pequeña, trabajando donde pueden y como pueden para aportar, a su modo, al crecimiento del país. Los empresarios son los que pagan impuestos, dan empleo digno y producen más del 80% del Producto Interno Bruto. Son los que apuestan por el país, arriesgan su patrimonio y su familia por el desarrollo de Bolivia.

Tenemos el ejemplo de la quinua y las mañaneras donde encontramos limitaciones: por un lado, los productores de quinua, para quienes su sueño se transformó en pesadilla; por otro, las “mañaneras” y dirigentes de las pymes que reclaman por la desleal competencia de la ropa usada de contrabando.

Como señala Gary Rodríguez, gerente del IBCE, de la época dorada que vivió la quinua boliviana hace unos años, ahora se ha pasado a las cifras rojas: “Es doloroso decirlo, pero hay un cambio dramático” que supone una transición “de un sueño a una pesadilla”.

Más de 70.000 productores de quinua en el país sufren los efectos del desplome de los precios y volúmenes de exportaciones de este grano, que hace poco tenía a Bolivia como uno de sus mayores exportadores, debido, entre otras causas, a la aparición de nuevos países exportadores, elevando su oferta en el mundo.

Las exportaciones de quinua del año pasado sumaron 61,7 millones de dólares, cuando 2014 fue el mejor año para estas ventas llegaba a 196,6 millones de dólares, mostrando una baja de 134 millones de dólares.

Gracias a la campaña promovida por el país, las Naciones Unidas declaró 2013 como el Año Internacional de la Quinua.

Eduardo Paye, subgerente de Anapqui (Asociación Nacional de Productores de Quinua), que exporta a Europa, Estados Unidos, Canadá y China, explicó que la que producen es “la mejor quinua del mundo porque se produce en una zona altamente natural, que está bendecida por los salares, producida a una altitud superior a los 3.600 metros sobre el nivel del mar”, pero los compradores no reconocen LA MARCA DE LA QUINUA REAL ORGÁNICA, que demanda esfuerzos y costos adicionales a los campesinos bolivianos para ofrecer un producto con la menor mecanización posible, “con cero pesticidas y cero agroquímicos”.

Para recuperar el liderazgo nacional en el mercado mundial de la quinua, urge obtener la denominación de origen, para diferenciar la quinua real orgánica producida entre los salares Coipasa-Uyuni, que se discute por casi 20 años.

La internación al país de grandes volúmenes de ropa usada, la mayoría por la vía del contrabando, está provocando problemas de supervivencia en sectores de la microempresa nacional.

Como informaron los periódicos, la primera semana de este mes las vendedoras de ropa en las calles Tumusla e Illampu, más conocidas como “las mañaneras”, junto a pequeños microempresarios confeccionadores de ropa en La Paz y El Alto, pidieron al Gobierno mayores controles y defensa de la producción nacional. En el país tenemos más de 3.000 millones de dólares de contrabando que llegan a un aproximado del 8% del PIB y afectan a los empresarios legales que pagan impuestos.

Estos dos casos muestran que los empresarios necesitan que el Gobierno, como parte de sus funciones, adopte determinaciones para que la empresa privada tenga seguridad jurídica, competencia leal y fácil acceso a los mercados nacionales e internacionales. Así habrá más inversión, más empleo digno para los bolivianos.

Para recuperar
el liderazgo nacional en el mercado mundial de la quinua, urge obtener la denominación de origen

Rolando Kempff Bacigalupo es economista, doctorado ph.d. en relaciones internacionales

En la edición del 22 de junio recién pasado de El Deber, Ronald Nostas Ardaya, industrial y ex presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, planteó la necesidad de impulsar un cambio de la política tributaria. El autor señala, como más notable evidencia de tal necesidad, la concentración de las recaudaciones en dos tipos de personas jurídicas (sociedades y empresas unipersonales) y en tres impuestos.

Con datos extraídos de la Memoria Anual 2021 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Nostas apunta que las personas jurídicas constituyen el 98% del Padrón de contribuyentes (que en la gestión 2021 registró menos de 450.000 entradas) y que los impuestos al Valor Agregado (IVA) a las Transacciones (IT) y a las Utilidades de las Empresas (IUE), dieron cuenta del 81% del total de las recaudaciones correspondientes al mercado interno.

En lo que sigue, aporto algunas ideas para el debate, no sin antes hacer un par de precisiones. La primera, es que las sociedades y empresas unipersonales, pagan impuestos en calidad de contribuyentes directos, pero también como agentes de percepción o de retención. Concretamente, perciben en favor del fisco, el IVA incluido en sus facturas por ventas, y retienen el IT y el IUE a personas físicas que, sin estar inscritas en el Padrón, les proveen bienes y servicios, y empozan estos impuestos por cuenta de ellas. La retención también se aplica a los trabajadores dependientes sujetos al Régimen Complementario al IVA o RC-IVA. Ello, junto con la informalidad, explica en gran medida la baja cantidad de contribuyentes inscritos en el Padrón.

Por el lado de las recaudaciones, ciertamente el IVA, el IUE y el IT, recaudan el 81% de los impuestos que corresponden al mercado interno; sin embargo, dentro de este porcentaje, el 55% corresponde al IVA y al IT, impuestos que se incluyen en el precio facturado, mientras que el IUE, que sí afecta directamente las utilidades de las empresas, da cuenta del restante 26%; lo cual muestra que el mayor peso de la carga tributaria cae en los consumidores. Esta concentración no es extraña, pues la imposición normalmente descansa en los gravámenes al consumo y a las ganancias, pero, en Bolivia, el peso de los impuestos indirectos (IVA e IT) está muy por encima del promedio general, lo cual acentúa la regresividad de nuestro sistema.

De lo dicho arriba, surge que los más acuciantes problemas que enfrenta el sistema tributario boliviano, tienen que ver, por un lado, con la falta de una norma que otorgue la cualidad de contribuyentes directos y efectivos, a las personas físicas. Y, por otro, con la informalidad en la que opera un gran número, sobre todo, de microempresas. Lo primero, se puede resolver estableciendo un impuesto general a las utilidades que incluya a las personas físicas, diseñado de tal modo que toda persona que perciba una suma -dicha a título ilustrativo- de Bs 6.500, deba pagar el impuesto a una tasa que podría establecerse en 3%, como valor mínimo de una escala ascendente que grave, de manera proporcional, los ingresos superiores a esa suma. Un esquema como éste, supone la eliminación del RC-IVA, que actualmente facilita que, cualquiera sea el nivel de remuneración, el impuesto a pagar se compense con facturas, beneficio del que gozan todos los trabajadores en relación de dependencia y que, con una porfía similar a la de los cangrejos, próximamente se aplicaría también a los profesionales independientes.

Vista únicamente desde la perspectiva tributaria, la informalidad, que es el segundo problema más grave, impide el funcionamiento del esquema de débitos y créditos que asegura la neutralidad del IVA, pues los productores informales lo son, tanto para adquirir insumos, como para vender sus productos. Considerando esta realidad, la solución del problema pasa por la adopción de un tratamiento especial, solamente en cuanto al IVA, que sería aplicado sobre el “valor agregado” que generen estos productores, eliminando para ellos, el derecho a computar créditos por sus compras; en otras palabras, un IVA significativamente inferior a la tasa general de 13% y sin derecho a crédito fiscal para los vendedores, pero computable para los

compradores.

Estas modificaciones, además de la eliminación de los regímenes especiales (Tributario Simplificado e Integrado y Agrario Unificado) y del IT, junto con la disminución de la tasa del impuesto para las sociedades a un 20%, que también sería la tasa máxima aplicable para las personas naturales, permitirían incorporar al régimen general, a un conjunto de actores económicos que actualmente no contribuyen o lo hacen en montos insignificantes, ya sea por los mecanismos de compensación existentes, por estar en la informalidad o acogidos a alguno de los regímenes especiales existentes. Con ello, el sistema también ganaría en equidad y simplicidad ¡Que siga el debate!

ROSA TALAVERA es economista

El primer trimestre de 2022 las exportaciones nacionales alcanzaron a 3.037 millones de dólares, lo que representa algo más del 30% de las ventas externas de similar período del 2021, cuando se alcanzó a 2.264 millones de dólares.

Sin embargo, es necesario aclarar que este aumento en valor fue fruto del incremento de los precios en el mercado internacional y no así de mayores volúmenes comercializados. La información estadística del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) muestra que en este periodo el volumen bajó en 15% y el valor se incrementó en 28%.

No es exagerado afirmar que el efecto de la invasión de Rusia a Ucrania incidió en el alza de los precios que, en algunos casos, puede ser positivo para el país, lo que a su vez derivó en una balanza comercial positiva.

En el caso de las exportaciones de productos no tradicionales, el valor alcanzado en el primer trimestre del 2022 en comparación con el 2021, fue superior en 200 millones de dólares, pasando de 545 millones de dólares a 773 millones, superior en algo más del 30%. En estas exportaciones se tuvo incrementos tanto en valor como en volumen, impulsadas por la demanda internacional de los productos oleaginosos y sus derivados; las maderas y sus manufacturas, lo que muestra que la demanda externa es la que permitió alcanzar el superávit comercial.

Esta realidad, incontrastable, debe motivar al gobierno a reorientar el trato que otorga al sector exportador, facilitando su trabajo, suprimiendo limitaciones, abriendo mercados y mejorando la logística necesaria, para llegar a los mercados externos no solo oportunamente, sino también con precios competitivos.

El sector exportador es uno de los que más rápidamente se recupera de la pandemia de la Covid-19. Y el país aprovecharía mejor los precios internacionales altos, si tendría más reservas de gas para la exportación.

En el comercio internacional de 2021, los países con los que tuvimos superávit comercial fueron India, Japón, Colombia, Emiratos Árabes Unidos y Corea del Sur. Mientras, las relaciones deficitarias las mantuvimos con China, Brasil, Argentina, Perú y Estados Unidos.

Por productos exportados, las variaciones positivas se debieron a las ventas de la Industria Manufacturera, Extracción de Minerales, Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca, Caza e Hidrocarburos.

Un reciente informe del IBCE señala que, entre enero y marzo de este año, las exportaciones e importaciones registraron un crecimiento del 31%. En términos absolutos, en comparación con similar período del 2021, las exportaciones aumentaron 725 millones de dólares, mientras que las importaciones lo hicieron en 610 millones. El saldo comercial fue un superávit de 468 millones de dólares, un 33% mayor que lo registrado en el primer trimestre de la pasada gestión.

Ante la subida de los precios internacionales de alimentos, una de las primeras reacciones del Gobierno fue prohibir la exportación de maíz y sorgo, y la posibilidad de restringir las ventas del azúcar dependerá del abastecimiento del mercado interno. Marcelo Olguín, Gerente General de los Exportadores, dijo que la medida no sería la adecuada.

Por la vía de las prohibiciones el gobierno va en contra ruta. La medida afectará a quienes traen divisas, en este caso a los exportadores.

El sector productivo insiste en su pedido al Gobierno, de aprovechar la subida de precios para elevar las exportaciones, pero el Gobierno dispuso obtener los certificados de abastecimiento, medida que está afectando a los productores de alimentos.

Estas actitudes, sumadas al contrabando de alimentos, hacen que el país no haya llegado a la seguridad alimentaria, necesaria para garantizar la provisión de alimentos para todo el país.

Las garantías que el Gobierno dé al sector privado, para seguir trabajando sin restricciones, en la actividad agropecuaria, se traducirán en seguridad alimentaria y más divisas, ambas muy necesarias para el país y su economía.

El autor es Economista, licenciado en la UMSA, doctorado Ph.D. en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador de Argentina y Académico de Número de la ABCE.